LAS CONSIGNACIONES
El Estado acordó ceder a los empresarios la explotación del guano en lugares específicos y por un periodo determinado que no superaba los nueve años. Estos inversionistas o consignatarios debían asumir todos los gastos, desde la extracción hasta la venta. Al ingreso bruto se le descontaban los gastos y el producto neto se dividía entre el fisco y los consignatarios. Este acuerdo acabó por convertir al Estado en deudor de los consignatarios, pues estos adelantaban los beneficios que correspondían al fisco en calidad de préstamos que debían ser amortizados con elevados intereses.
El acaparamiento de la explotación del guano por los capitalistas extranjeros, así como su deshonestidad provocaron denuncias contra el sistema. Las principales sospechas recayeron sobre la casa británica Gibbs y la casa francesa Montané. Los empresarios vendían el guano en el exterior a un precio menor al oficial, perjudicando la venta del guano del Estado.
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